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sopranos
30/11/2004, 07:15
OPINIÓN Martes 30 de noviembre de 2004
La Tercera > Opinión
Loncomilla: responsabilidad estatal

Por Marcelo Venegas, Abogado. instituto libertad
Fecha edición: 30-11-2004


La noche del 7 de mayo de 1995 colapsó la alcantarilla que encauzaba el estero Minte en su trayecto hacia el lago Llanquihue, abriendo una fosa en la que se precipitaron siete vehículos. Doce adultos y 15 niños perdieron la vida. Tras un litigio que se extendió por más de cinco años, el Fisco llegó a una transacción extrajudicial en la que, sin reconocer su responsabilidad por falta de servicio, indemnizó en 1.225 millones de pesos a familiares de 26 de las 27 víctimas y al único sobreviviente de la tragedia.

A las 13:30 horas del 21 de julio de 2004, Gladys Valck, en compañía de su esposo y su pequeño hijo se desplazaba en automóvil por la Ruta 5 Sur. Al cruzar bajo una pasarela peatonal, una piedra de cuatro kilos cayó sobre el vehículo. Instintivamente Valck protegió a la criatura con su cuerpo y sufrió el impacto de lleno en su cabeza. Permaneció largo tiempo en estado de coma y su familia ha debido solventar los ingentes gastos de su condición, esperando que en algunos o muchos años más sea indemnizada por el Estado.

El pasado 18 de noviembre cedió la estructura del puente Loncomilla y diez personas cayeron al río logrando salir a nado de sus vehículos. El viaducto había sido construido hace apenas nueve años y se le suponía una vida útil de 20. Inexplicablemente sufría serias fallas estructurales que habían obligado a su reparación, encargada a la misma empresa contratista a la que se le encomendó la demolición del puente viejo de Longaví, durante la cual dos trabajadores perdieron la vida. Un alto funcionario del MOP sostuvo que los afectados deberán demandar al Estado para recuperar el valor de sus vehículos.

La responsabilidad del Estado por falta de servicio está consagrada tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que consagra la responsabilidad de los órganos de la Administración por los daños que causen por falta de servicio, reconociendo al Estado el derecho de repetir en contra del funcionario culpable. Esta responsabilidad civil de origen extracontractual constituye para importantes autores una responsabilidad objetiva, en la que no tienen injerencia la reprochabilidad, la culpa o el dolo.

En 1981, antes de la entrada en vigor de dicha ley, se admitió la responsabilidad por falta de servicio en Chile, reconociéndole un carácter objetivo, cuando la Corte Suprema reconoció el derecho de una persona que sufrió daños con motivo de su caída en una excavación sin señalización a ser indemnizada por la municipalidad, por daño emergente y moral, en virtud de que la responsabilidad municipal se debía fundar únicamente en el hecho que ha provocado el riesgo.

Esta concepción de la responsabilidad extracontractual del poder público prescinde de toda consideración subjetiva respecto de la conducta del agente público. Para que la responsabilidad tenga lugar y nazca el derecho de la víctima a ser indemnizada, basta que la actuación del agente público esté relacionada con el servicio u órgano público y que haya un vínculo directo de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido. La responsabilidad del Fisco es, así, objetiva, de garantía o de asistencia, consagrada por razones de equidad en la Constitución Política y en la ley, en favor de los ciudadano