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sopranos
02/12/2004, 17:50
OPINIÓN Jueves 2 de diciembre de 2004
La Tercera > Opinión
La polémica por el cobro de peaje en Santiago

Ninguna de las bondades del Sistema de Concesiones, una modalidad que ha demostrado ser muy exitosa, puede ser esgrimida para justificar la entrega de una obra sin terminar.



En medio de evidentes muestras de molestia ciudadana, el gobierno, representado por el ministro de Obras Públicas (MOP), inauguró ayer tres obras viales en Santiago, que suponen la entrada en funcionamiento de cinco tramos de la Autopista Central, la primera infraestructura concesionada en toda América Latina que opera con un sistema de cobro de peaje en movimiento o free flow.

Las múltiples polémicas y dudas que, desde un principio, han rodeado la forma de cobro (sobre todo, a través del denominado TAG); los criterios para establecer tarifas diferenciadas -para los usuarios frecuentes y los eventuales, como, por ejemplo, todos quienes no residen en la capital ni utilizarán habitualmente las nuevas obras viales-; las excepciones al pago que deberían ser consideradas para algunos servicios de urgencia -ambulancias, fuerzas policiales, bomberos, etc.- y el estado real de finalización de las obras al momento de empezar a cobrar (por eso, el comienzo del pago fue aplazado dos veces, una por decisión del Ejecutivo y otra como consecuencia de una determinación judicial), enredan progresivamente una discusión que, mirada en forma desapasionada, merece al menos dos reflexiones.

La primera tiene que ver con el valor del denominado Sistema de Concesiones, en general, y, en particular, el de las obras de infraestructura vial de gran magnitud como las que fueron entregadas ayer y como las que está previsto que empiecen a funcionar en Santiago a partir de enero del 2006.

En efecto, no parece un razonamiento en sintonía con criterios modernos de gestión pública en materia de infraestructura cuestionar las indudables ventajas del Sistema de Concesiones, así como los buenos resultados que ha producido hasta ahora, a partir de todos los problemas detallados. Aunque esto, por cierto, no signifique que esos aspectos deban ser solucionados.

La razón fundamental es que esta modalidad, inaugurada en 1993, cuando el MOP instó al sector privado a participar en este tipo de inversiones, ha tenido la gran virtud de permitir que el Estado libere los ingentes recursos económicos que requieren esas construcciones y los destine hacia proyectos de mayor urgencia social. No escapa que el sector público chileno, aun considerando el buen pie en que la mayoría de los indicadores ponen al país a la hora de optar a ser un país desarrollado en el corto plazo, no tenía ni posee hoy la capacidad para efectuar esos desembolsos, sin que eso signifique un desmedro sustancial de otras áreas esenciales, como salud o educación, por nombrar dos.

Además, buenas redes de infraestructura vial o de otro tipo (portuaria y aeroportuaria, por ejemplo) son condiciones imprescindibles justamente para optar a esa condición de desarrollo. Y asociado a esto, aunque sea algo menos evidente, el Sistema de Concesiones ha propiciado que la población en general internalice que para tener buenas carreteras y autopistas, así como cualquier otra construcción de uso público, hay que pagar. Algo que, dicho sea de paso, merece más de una crítica que ocurra con obras ya existentes antes de la concesión, como sucede con la Avenida Kennedy en Santiago.

Ahora bien, y esta es la segunda reflexión, ning